EL CORREO
Las obras de Santa María de Garoña se iniciaron en septiembre de 1966 y concluyeron en 1970. La planta se conectó a la red eléctrica el 2 de marzo de 1971. Tras el cierre de Zorita, en 2006, es la central más veterana del país. En su vida útil ha producido más de 100.000 millones de kilovatios.
El 3 de julio de 2007, Nuclenor presentó ante Industria solicitud para renovar la explotación de Garoña por diez años más. El operador ha invertido 5,7 millones de euros.
El reactor usa 67.179 kilos de óxido de uranio enriquecido contenidos en 400 elementos combustibles. En la piscina de la planta se almacenan 304 tms. de uranio.
La portavoz del nuevo Gobierno vasco, Idoia Mendia, evitó ayer pronunciarse de manera oficial sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, aunque recordó que su partido, el PSE-EE, «tradicionalmente ha defendido el cierre» del complejo. La responsable socialista justificó su actitud con el argumento de que el Ejecutivo autónomo «nunca» se ha manifestado sobre el futuro de la energía atómica y de que, antes de emitir un juicio, es preferible esperar al informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitirá sobre la prórroga del permiso de explotación de la planta que han solicitado sus propietarios.
La Administración central adoptará una decisión antes del 5 de julio -el día en el que caduca la licencia de Garoña- «en función» del contenido de ese documento, apuntó Mendia, quien deslizó que José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido en público a un «cierre gradual» de todas las instalaciones españolas de ese tipo.
La portavoz del Gabinete de Patxi López apuntó que los asuntos energéticos son «complejos» y que la fuente nuclear forma parte «del ‘mix’ español» de producción de electricidad, antes de admitir que la «posición tradicional del PSE con respecto a Garoña es la de cierre». Sin embargo, «como Gobierno debemos esperar a tener el informe» del CSN antes de emitir un pronunciamiento, manifestó.
En cambio, Txarli Prieto, secretario general del PSE-EE en Álava, declaró ayer que si el Gobierno le diera la llave, clausuraría la central y recordó que los socialistas de su territorio se han mostrado contrarios a alargar la vida útil de la planta.
Prórroga «con seguridad»
En cambio, los dueños de las instalaciones -Iberdrola y Endesa, que comparten al 50% el capital de Nuclenor- se declaran «convencidos» de que el Ejecutivo central prorrogará su vida útil cuando el CSN emita su dictamen.
«No nos planteamos otro escenario que no sea el de seguir operando la central en condiciones de seguridad», manifestó Martín Regaño, director de Nuclenor. «Garoña es segura, moderna y fiable», aseguró a Europa Press. Su cierre -advirtió- incrementaría un 10% la factura de la luz al tener que recurrir a otras fuentes energéticas más caras para cubrir la demanda.
Greenpeace calificó ese pronunciamiento de «intoxicación delirante y sin fundamento para tratar de achantar al Gobierno y disuadirle de su decisión de cerrar la planta». «El cierre inmediato de esta central tendrá un coste cero porque está amortizada desde hace años. Su exigua aportación al sistema eléctrico está ya compensada por la generación eléctrica mediante energías renovables», señaló. La organización ecologista indicó que hoy permanecen paradas por causas técnicas cuatro de las ocho centrales del parque nuclear español -Almaraz II, Vandellós II y los dos grupos de Ascó- «sin que se produzcan efectos en la red eléctrica ni en los mecanismos de formación de precios de la electricidad».
