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Las aportaciones se realizarán en función de las posibilidades de cada beneficiario
EUROPA PRESS
El Gobierno vasco aprobó hoy el Proyecto de Ley de Servicios Sociales, que convierte a estas prestaciones en un derecho subjetivo exigible por vía administrativa o judicial. La financiación de los servicios y prestaciones se realizará a través de los Presupuestos públicos y mediante precios públicos que abonarán los usuarios “en función de sus posibilidades”.
El Gobierno vasco aprobó hoy el Proyecto de Ley de Servicios Sociales, que convierte a estas prestaciones en un derecho subjetivo exigible por vía administrativa o judicial. La financiación de los servicios y prestaciones se realizará a través de los Presupuestos públicos y mediante precios públicos que abonarán los usuarios “en función de sus posibilidades”.
La aprobación del texto fue dada a conocer por el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, al término del Consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo mostró su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de Ley del PSE sobre servicios sociales.
Los socialistas registraron recientemente en el Parlamento el anteproyecto de ley de Servicios Sociales elaborado por el Departamento que dirige Javier Madrazo ante la tardanza de su aprobación en Consejo de Gobierno. El tripartito les acusó de “copiar literalmente” partes del texto diseñado por el Departamento.
La Ley configura un Sistema vasco de Servicios Sociales concebido como una red de atención pública para la integración social, la participación y la autonomía de las personas. Este sistema será el que permita a la ciudadanía ejercer los derechos que se les reconocen y disfrutar de los servicios sociales que necesiten en cada momento.
Este marco estará integrado por planes, prestaciones, servicios, programas y equipamientos, tanto de titularidad pública como privada. Su finalidad será la de prevenir y detectar situaciones de dependencia, desprotección o emergencia y atender las necesidades sociales derivadas de ellas.
La referencia de funcionamiento de este Sistema será el modelo de “atención comunitaria”, de modo que se adaptarán recursos y prestaciones a las características de las comunidades locales. De esa forma, se pretende “favorecer la atención en el entorno familiar y social de cada persona y diseñar intervenciones adecuadas a cada caso”, según explicó el consejero.
UNIVERSAL
El sistema “prioriza los servicios personales frente a prestaciones económicas”. Tanto los unos como las otras tendrán carácter universal y consistirán en medidas técnicas (información, valoración, diagnóstico, orientación, mediación, atención doméstica y personal, y acompañamiento social), económicas y tecnológicas.
El sistema se dividirá en Servicios de Atención Primaria, que posibilitan el acceso al Sistema y atienden necesidades que requieren apoyo de baja intensidad. En este grupo figuran los servicios sociales de base, de coordinación de urgencias sociales, de teleasistencia, de atención diurna y nocturna de baja intensidad, residenciales de baja intensidad.
Los Servicios de Atención Secundaria atenderán necesidades derivadas de situaciones de exclusión, dependencia o desprotección. Son servicios de valoración y diagnóstico, de atención, acogida y residenciales de media o alta intensidad, de respiro, de mediación, de atención psicosocial.
INICIATIVA PRIVADA
Para garantizar la provisión de servicios, las administraciones públicas podrán articular formas de gestión con la iniciativa privada, como la concertación (prestación de servicios privados con dinero público sostenidos en el tiempo), convenios de colaboración o contratos de gestión.
El Sistema vasco de Servicios Sociales se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma, de las diputaciones y de los ayuntamientos, y mediante precios públicos abonados por las personas usuarias.
Madrazo aseguró que “nunca los ingresos de una persona podrán determinar el tipo, la intensidad o la calidad del servicio al que tiene derecho”. El consejero precisó que las personas usuarias contribuirán a la financiación del Sistema “en función de sus posibilidades” y “siempre tendrán garantizada una cantidad de dinero para su libre disposición”. Además, destacó que en la valoración de su patrimonio no se tendrá en cuenta el valor medio de su vivienda habitual.
DERECHO SUBJETIVO
El proyecto garantiza el derecho de toda persona a los servicios sociales y a acceder a las prestaciones y servicios que aquella integra en el Sistema Público de Servicios Sociales. Dicho acceso a prestaciones y servicios se configura “como un derecho subjetivo exigible por vía administrativa y/o judicial”.
Además, garantiza la igualdad entre las personas en el acceso a las prestaciones y servicios con independencia del lugar en el que vivan y sin discriminación por razón de sexo, edad, capacidad, recursos u otras características.
Los beneficiarios de la norma son todas las personas empadronadas en algún municipio de la comunidad autónoma, las nacidas en ella y que residan fuera de Euskadi y todas aquellas que se encuentren en la el País Vasco en situación de emergencia.
CRITICAS AL PSE
Respecto al criterio contrario a la toma en consideración de la proposición del PSE, el Ejecutivo denunció que “erosiona el principio de lealtad institucional dado que, aun conociendo que se estaban cumplimentando los trámites previos a la aprobación del proyecto de ley, el grupo socialista ha presentado un texto articulado sin esperar a que se culminase el resto de trámites preceptivos”.
Además, el Gobierno vasco censuró “el aprovechamiento fraudulento que se hace de las instituciones” por parte del PSE, al que acusó de “copiar literalmente los preceptos de uno de los textos redactados por el Gobierno en el curso del procedimiento de elaboración de dicho proyecto de ley”.
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